Con la absolución de los responsables de las violaciones de dos hermanas de 7 y 12 años en República Dominicana, el abuso sexual infantil y el maltrato del que son víctimas l@s niñ@s latinoamerican@s vuelve a interpelar a sociedad civil y Estado en la búsqueda de soluciones urgentes. Según datos oficiales de Cuba, el 65 por ciento de los abusos ocurre en menores de 6 a 13 años, con mayor incidencia en las niñas (75,9). Mientras que en Perú, Save The Children estima que un tercio de infantes y adolescentes son víctimas de maltrato.
República Dominicana: Impune y liberado grupo de siete violadores de niñas
República Dominicana: Impune y liberado grupo de siete violadores de niñas
Por Mirta Rodríguez Calderón
Que existen hombres-monstruos no es lo noticioso. Lo realmente perverso e insólito es que la jurisprudencia deje espacios a la impunidad de éstos en un país que se precia de moderno e institucionalizado, donde el año pasado se aprobó y se implementa un Código Procesal Penal que ha dejado muchos intersticios a interpretaciones perjudiciales para lograr justicia, sobre todo en los casos de violencia contra la mujer.
Es el caso de República Dominicana donde se hallan libres siete individuos que durante varios días violaron anal y vaginalmente a dos niñas de 12 años y 7 años, apenas un mes después de que la madre de ellas – mujer con desajustes psiquiátricos, apareciera coincidentemente asesinada por tres balazos y también violada - en un paraje cercano al sitio donde vivían: el poblado de Mella, en la provincia Independencia, región fronteriza con Haití, a unos 400 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, la capital.
A principios de febrero, un tribunal colegiado de la provincia Pedernales que debía producir el juicio de fondo sobre el hecho y sancionar por lo pronto al único de los involucrados que se encontraba detenido, puso en libertad al hombre, Ernesto Pérez, con un pretexto trivial, cual fue que el perpetrador no había recibido por escrito la notificación correspondiente, asunto alegado por su abogado defensor, Sandry de Jesús Trinidad Pérez quien trabaja, paradójicamente, como encargado de Niñas, Niños y Adolescentes en la organización Visión Mundial, de ascendencia religiosa.
Lo acontecido se puso esta semana a consideración de la sociedad dominicana por la Colectiva Mujer y Salud, una organización que conoció de los hechos mediante familiares de las niñas, sus tías paterna y materna, y las abogadas y funcionarias de la Secretaría de Estado de la Mujer, entidad que se movilizó para lograr justicia, si alguna cabría, para una chica apenas adolescente que ahora padece de insomnio, depresión, llantos ininterrumpidos, fluidos vaginales intensos y serios trastornos emocionales.
Cuando una pastora, Miguelina Cuevas, halló a la niña desnuda y sangrante la llevó a su casa, la bañó y salió con ella rumbo a un hospital y al Juzgado de Paz de Jimaní. De aquí la remitieron a otro hospital sin prestarle atención adecuada por requerir del Procurador Fiscal de la zona una orden para que el médico legista evaluara los daños de la chica. Tras ese proceso, y ya evaluada, se la envía a la jueza de menores, donde la someten a un interrogatorio, según Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, mal conducido, lo que provoca que la niña se desmaye.
Eso determina que la remitan al hospital del municipio de Duvergé – igualmente cerca de la frontera – donde tuvieron que trasfundirla de urgencia y la mantuvieron internada por 7 días.
Es entonces que una tía pone el caso en conocimiento de los Servicios de Salud Integral de la Colectiva, donde luego de dar seguimiento al proceso detectan las que califican de “sospechosas” irregularidades que sacó a la luz pública esta semana.
Tanto el Procurador General de la República Dominicana como la Procuradora General Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Jefatura de la Policía Nacional han sido requeridos de desatar las investigaciones necesarias para depurar las responsabilidades sobre las fallas cometidas por las autoridades judiciales y policíacas tanto en Mella como en Jimaní, y sancionar correspondientemente a los y las negligentes .
La Colectiva Mujer y Salud, la Secretaría de Estado de la Mujer y las familiares de las niñas adelantaron que de no ser atendidas en el reclamo justísimo acudirán a las entidades regionales e internacionales de Derechos Humanos, y han pedido apoyo y seguimiento del caso al movimiento continental de mujeres.
Abuso sexual en Cuba: Desterrar los secretos más dañinos
Por Sara Más
El niño es todo movimiento; sus manos no paran mientras juega con el muñeco de peluche, pero escasamente levanta la cabeza y habla en tono muy bajo. Cerca, en la misma habitación alfombrada, limpia y colmada de juguetes para escoger, un hombre le habla con calma y confianza. Poco a poco pasan las primeras tensiones y el niño responde a sus preguntas, le cuenta un secreto muy bien guardado: le dice todo lo que le hizo su amigo, el vecino, más de una vez, a unas puertas de su casa.
Así comienza y transcurre una de las entrevistas grabadas en el Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en la capital cubana, donde se recibe y ofrece atención especializada a menores de edad que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual.
“Esa exploración se graba. Es importante para poder esclarecer el hecho. Al niño se le entrevista una sola vez, para evitar victimizarlo nuevamente”, explica Niurka Ronda, perito forense y directora de la institución, adscrita al Departamento Nacional de Menores del Ministerio del Interior y que radica en una casa de un apartado reparto residencial de La Habana.
El propósito de tal proceder es obtener una prueba documental grabada, que sirva para presentar al tribunal, ante el cual se evita por todos los medios que comparezca la niña o el niño agredido. Una instrucción del Tribunal Supremo ampara la legalidad de esa exploración como prueba.
Pero es también una forma de atender, tratar y aliviar a las víctimas infantiles del abuso sexual, en sus más diversas variantes. “Son niños que llegan con grandes dificultades en el proceso de comunicación, distraídos y con alto nivel de ansiedad”, explica Grether Ortiz Antón, especialista del centro.
En funcionamiento desde hace tres años, el centro abrió sus puertas por vez primera a la prensa nacional y extranjera a finales de enero último, durante la celebración en la capital cubana de una Conferencia Regional de Protección Infantil. Próximamente abrirá otro similar, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, y luego otro al centro de la isla.
“La entrevista es muy importante, sobre todo en los casos de abuso lascivo, en que no hay prueba; sólo el testimonio del niño. Son delitos en solitario, únicamente queda el daño vivido por el niño, su testimonio de lo que le sucedió”, comentó Ronda. El abuso sexual consiste en obligar o persuadir a un niño o niña para que participe en actividades sexuales adultas, frente a las que no puede dar un consentimiento informado.
La norma jurídica cubana lo define como 'cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro, con el fin de obtener una gratificación sexual del adulto”. O bien, “cualquier contacto sexual con un niño realizado a través del uso de la fuerza, amenaza, o el engaño para asegurar la participación del niño; o también el contacto sexual para el que el niño es incapaz de ofrecer su consentimiento en virtud de la edad o de la disparidad de poder y la naturaleza de las relaciones con el adulto'.
El Código Penal recoge este tipo de actos bajo el título Delitos contra el Normal Desarrollo de las Relaciones Sexuales y contra la Familia, la Infancia y la Juventud. El texto establece distinciones entre agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual y exhibicionismo, y recoge igualmente las figuras de explotación sexual y corrupción de menores.
De acuerdo con fuentes oficiales, el 34 por ciento ocurre en menores de 6 a 10 años y 31 ciento entre los 11 y 13 años, con mayor incidencia en las niñas (75,9 %).
Estos casos suponen menos del cinco por ciento del total de los hechos delictivos denunciados y en el 90 por ciento los victimarios suelen ser identificados y procesados. Las condenas pueden oscilar entre cuatro y 30 años, y hasta la pena de muerte.
Maltrato infantil en Perú: cicatrices indelebles
Por Zoraida Portillo
Tiene 7 años y se llama Solange. El martes 5 de febrero sorprendió a los curtidos policías de una comisaría de Lima cuando, acompañada por una amiga de 9 años, denunció a su propia madre, Gloria Reyes de 36 años, por maltratos. Y como prueba mostró sus piernas quemadas por un tenedor caliente, en castigo por haber roto los pasadores de sus zapatos.
La menor refirió que no era la primera vez que su madre le propinaba semejantes torturas y fue por eso que, aconsejada por su amiga –quien le dijo que nadie tiene derecho a maltratar a un niño–, se atrevió a denunciarla.
En medio de todo Solange ha tenido suerte: la fiscalía de la familia como medida precautoria le quitó la patria potestad a la maltratadora madre y confió a Solange a su abuelo materno, quien corroboró los maltratos, motivados –según dijo– “por la frustración que siente (su hija y madre de la menor) por haber sido abandonada por su pareja y tener que hacerse cargo, sola, de la crianza de sus hijos”.
De confirmarse los maltratos, la madre no sólo perderá la patria potestad de Solange sino que podría enfrentar hasta 8 años de cárcel por lesión grave.
Miles de niñas y niños peruanos no tienen la suerte de Solange. No tienen a una amiga que los aconseje para que no se dejen maltratar, ni saben que disponen de una red de entidades públicas y no gubernamentales adonde pueden acudir directamente a denunciar los abusos. A ellos no les queda sino seguir viviendo con sus agresores, con todos los traumas emocionales y psíquicos que acarrea.
Según la ONG Acción por los Niños, diariamente siete menores son maltratados solo en Lima, 5 de ellos a manos de sus padres. A nivel nacional, la organización internacional Save The Children estima que un tercio de infantes y adolescentes peruanos son víctimas de maltrato.
El psiquiatra Freddy Vásquez asegura que el maltrato infantil en sus diversas variantes –verbal, físico o sexual– es la principal causa de suicidio infantil.
Ese, es un dato alarmante en una ciudad como Lima donde tan solo el Instituto de Salud del Niño atiende en promedio anualmente 600 niñas y niños con depresión, un tercio de los cuales constituyen casos severos que presentan ideas suicidas e intentos de llevarlo a la práctica.
El Código Penal peruano contempla hasta 15 años de prisión efectiva para los progenitores o tutores que maltraten a los menores. En caso de daños leves, la prisión es de 150 días hasta 2 años. Pero ni la severidad de las penas logra detener el abuso que, por el contrario, va en aumento.
Un estudio realizado en el Perú por las Naciones Unidas en el 2004 arrojó que el 41 por ciento de los progenitores, hombres y mujeres, golpea a sus hijos como una manera de corregirlos. Asimismo, encontró que el 80 por cientos de los padres golpeadores fueron maltratados en su infancia. En el caso de las mujeres, 56 por ciento de las maltratadoras sufrieron, a su vez, maltratos durante su infancia.
“Uno de los problemas más serios que enfrentamos es que para mucho padres no existe ninguna falta si golpean a sus hijos, porque consideran que es parte de la disciplina que deben imponer”, dijo a SEMlac Clarisa Ugarte, policía de una comisaría limeña.
Sea cual fuere el motivo, el caso es que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes está obligando a la sociedad civil a salir de su indiferencia y tomar acciones concretas.
Así, por ejemplo, el pasado 20 de enero se conformó la primera red de promotores voluntarios para detectar casos de violencia en dos provincias de los Andes centrales: Huancayo y Andahuaylas, y en San Juan de Miraflores, un distrito del cono sur de Lima.
Conformada en principio por 300 hombres y mujeres de diversas edades y condición social, ellos no sólo estarán atentos a cualquier caso de maltrato, sino que promoverán los derechos de niñas, niños y adolescentes, defendiéndolos y protegiéndolos, especialmente a aquellos que viven en zonas rurales o urbano marginales.
La novedad de esta red es que los promotores son en su mayoría mujeres quechuablantes. “Con ello se garantiza una mejor efectividad y concentización”, declaró Carmen Barrantes, de EverChild Perú, la entidad que las capacitó.
