POR SUSI POLA.
SANTIAGO.- Hace casi veinte años, junto con una compañera abogada, nos tocó ir a postular a un pueblo del Cibao por una joven de apenas 15 años, que había sido violada después de haberle puesto un somnífero en el refresco para someterla.
La jovencita despertó casi 20 horas después en un sitio desconocido, semi desnuda y con las secuelas de violencias físicas y sexuales, mientras su madre la estaba buscando con la policía.
En aquel momento, sentí la hostilidad que existe en los tribunales de pueblo contra abogados y abogadas que se “atreven” a romper la monotonía de un espacio donde todo el mundo se conoce y entra en componendas para que a nadie de “afuera” se le ocurra perturbar la paz establecida a partir de cualquier poder, que no tiene que ser solo en dinero, pero que suele ser solidariariamente masculino en estos casos.
Al terminar la semana pasada, la referencia a una frustrada audiencia por el caso de una menor de 12 años, brutal y reiteradamente violada por siete sujetos debidamente identificados por la pequeña víctima, en un municipio de la provincia de Independencia, el 21 de Febrero del 2007, quien fuera encontrada dos días después de haber desaparecido, tirada en el suelo desangrándose, desnuda con un paño entre las piernas, sin poder caminar, en estado de choque y con múltiples moretones, golpes y mordidas en el cuerpo, me trajo el recuerdo aciago por la similitud de los hechos y porque, al igual que el del campo del Cibao, “el tribunalito” de Mella, en Independencia, tampoco funcionó.
Como la menor de finales de los ochenta, esta niña conoció la inmisericordia de los malos funcionarios, ignorantes, eternos “come cheques” que solo sienten y padecen por los lados del bolsillo y/o del ego. Sin embargo, hay una gran diferencia en las leyes y el sistema de la justicia en estos dos tiempos, porque hoy la violencia de género, sea intrafamiliar o sexual, tiene respuestas en la normativa y en la estructura para apoyar los procesos, procedimientos que se supone, deben aplicarse igual en todo el territorio nacional.
Otra diferencia entre los dos casos, es que la niña de Independencia, era huérfana de padre al momento de ser violada, con una mamá trastornada mental que algunos días después también, apareció muerta sin que se haya investigado mucho en que circunstancias y una hermanita menor que también había sido abusada sexualmente por hombres del entorno. Es decir, una especie de núcleo familiar de pueblo, vulnerable emocionalmente y físicamente, como para atraer las peores miserias y desgracias sin que nadie se conmueva.
De los siete criminales, a un año de cometidos los hechos, sólo dos fueron encarcelados, de los cuales, uno consiguió escaparse extrañamente hace ya unos meses, y el único que quedaba en la cárcel, obtuvo la orden de libertad de parte del juez en la audiencia del 21 de febrero pasado, porque los jueces del tribunal colegiado, consideraron que los derechos del imputado fueron violados porque no fue notificado debidamente. Un tecnicismo procedimental que pasa por encima de la desprotegida víctima.
En el tribunal de pueblo, con la presencia de las psicólogas de la Colectiva Mujer y Salud, que apoyan a la menor en sus traumas, una de ellas en calidad de Perita, y algunas abogadas de la institución que han seguido el caso en los últimos meses, los colegiados jueces frente el primer incidente presentado por el imputado, alegando su falta de notificación formal, no permitieron ni siquiera una palabra más y diligentes, aplicaron una normativa que se la pone bien difícil a las víctimas menores desprotegidas, a pesar de que el Código de NNA tiene casi 15 años de habilitado y hasta reformado.
La alegada falta de dinero para descentralizar y poner en práctica tanta teoría recogida en las normas, mantiene una peligrosa situación de impunidad en las zonas provincianas más alejadas adonde la supervisión no llega. Y mientras la pequeña víctima de tan brutal ataque, sufre de insomnio, ansiedad, tristeza, llanto repentino y sostenido, flujos vaginales y serios trastornos emocionales, los políticos derrochan sumas indecibles en caravanas vergonzosas que son una burla al pueblo que las paga.
¿Podría la Suprema Corte de Justicia volver la vista a la fronteriza provincia de este caso y verificar qué está pasando? ¡Es un ruego público!
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