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domingo, 31 de agosto de 2008

¡HISTORICO! CONDENAN A 20 AÑOS VIOLADORES NIÑA JIMANI

Jimaní, prov. Independencia.-En una ejemplificadora sentencia, el primer tribunal Colegiado de Barahona, condenó a 20 de prisión a los nombrados Tirson Eludis Vásquez (Chita) y a Moreno Urbáez (Gugú), encontrados culpables de violar a una menor de 12 años en el municipio de Mella, Independencia, en febrero del 2006, anunció la Colectiva Mujer y Salud.

Los Jueces del Tribunal compuesto por Juan Francisco Carvajal Cabrera (presidente), Nicio Antonio Medina Figuereo y Alejandro Montilla Ramírez, justificaron la decisión al comprobar la validez de las pruebas presentadas en el caso y que comprometen la responsabilidad de los condenados, quienes fueron considerados culpables de violar los artículos 330 y 331 del Código Penal de la República Dominicana.

El 25 de septiembre se dará lectura formal a la Sentencia, en el Palacio de Justicia de Jimaní.

El tribunal sentenció además, a Vázquez y a Urbáez, al pago de una indemnización de 200 mil pesos de multa a favor de la víctima, y a un pago solidario de un (1) millón de pesos, como indemnización por los daños y perjuicios causados.

El tribunal consideró como buenas y válidas las pruebas presentadas por la parte civil constituida, representada por las tías de la niña. Calificó de inválidos e improcedentes los argumentos de la defensa de los acusados.

En la audiencia donde se le conoció el juicio de fondo a Vázquez y a Urbáez, acudieron como testigas Miguelina Cuevas, (primera persona que socorrió a la niña) y las Sicólogas Sarah Iglesias y Clarissa Valdéz, del equipo técnico de la Colectiva Mujer y Salud y, Francisco Moquete, testigo como médico Legista, quienes realizaron el peritaje sicológico y clínico del caso.

La barra de la Defensa estuvo compuesta por Clara Luna Jiménez y Miguel Ledesma de la Secretaría de Estado de la Mujer, quienes han estado dando seguimiento a todo el proceso judicial.
Al salir del tribunal de Barahona, los familiares de la niña violada agradecieron a las autoridades del Ministerio Público, del sector Justicia, a la jefatura de la Policía Nacional, Organizaciones de la Sociedad Civil y a los medios de Comunicación, por todo el apoyo y empeño puesto en el caso.

Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud, Clara Luna Jiménez, de la Defensoría de la Secretaría de Estado de la Mujer y los familiares de la niña estuprada, saludaron el fallo del tribunal colegiado, a la vez que manifestaron su confianza en que se aplicará todo el peso de la ley a los demás implicados en el hecho.

Manifestaron que hacer justicia a favor de ésta niña es un importante aporte del Estado para resarcir el daño que aún afecta a la niña y su familia.

Galván expresó que con esa sentencia, la justicia ha enviado un claro mensaje a violadores y abusadores, mientras exhortó a las organizaciones de la sociedad civil a no quedarse callada frente a violaciones sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, y a seguir luchando por cientos de casos de niñas violadas que todavía esperan respuesta de la justicia dominicana.

Entiende que corresponde a la ciudadanía de un país velar porque la justicia cumpla con su papel de castigar a los culpables de los delitos, como ocurrió en éste caso en que un grupo de entidades dominicanas, entre ellas el Centro de Apoyo Aquelarre, Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA), Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL), Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS), Movimiento Dominicano de Mujeres (MODEMU), Red de Jóvenes, entre otras entidades.

El caso:
El hecho de violación contra la menor, según el expediente, se produjo el 21 de febrero del 2006. El caso fue dado a conocer a la opinión pública a través de un documento en febrero del 2007, firmado por los familiares de la menor violada, por Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud y Clara Luna, directora de la Defensoría de la Secretaría de Estado de la Mujer, mediante el cual a inconformidad por la forma en que fue llevado el caso, días después, solicitaron a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia, intervenir para que no quedara impune.
29 de agosto 2008
Santo Domingo, DN

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