SANTO DOMINGO.- La comunidad de Mella, provincia Independencia, no sale del estupor ante la puesta en libertad de Ernesto Pérez (Meneo) uno de los siete hombres que en reiteradas ocasiones habría violado a una menor de 12 años, cinco antes de que su madre, Viviana Terrero, fue encontrada muerta con tres disparos en la cabeza.
La menor, quien en el año 2000 perdió a su padre por problemas de diabetes, fue encontrada desnuda, desangrándose, en estado de shock por la pastora Miguelina Cuevas, con múltiples moretones, golpes y mordidas en el cuerpo.
El hecho, ocurrido en febrero del 2007, ha estremecido a toda la región fronteriza, y más aún cuando el pasado jueves los jueces del tribunal colegiado de Jimaní, encabezado por Juan Francisco Carvajal Cabrera, e integrado por Nicio Antonio Medina y Alejandro Montilla Ramírez; decidieron poner en libertad al único agresor que guardaba prisión.
Según el relato de la niña, el imputado también había violado su madre, quien sufría de problemas mentales, en presencia de ella.
Mientras, que su hermanita, cinco años menor que ella, narró que fue abusada tres veces por el mismo imputado, pero el caso no se llevó a la justicia porque en el experticio, realizado por el Instituto de Patología Forense, se descartó la violación sexual.
Además de Meneo, la adolescente identifica como sus agresores a Juan Carlos Cuevas, Juan de la Rosa Urbáez, Manuel Marmolejos, Tirson Vásquez Mancebo (Chita), y otros señalados con los motes de los mudos Guandul, Chinito y el hijo de Villita.
El procesoFamiliares de la menor llevaron el caso al Colectivo de Mujer y Salud, y junto a su directora ejecutiva, Sergia Galván, llamaron al ministerio público a investigar las supuestas anomalías y fallas que se han dado durante el proceso.
Asimismo, llevaron su protesta a la Procuraduría General de la República, donde fueron recibidos por la procuradora general adjunta y encargada de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, Marisol Tobal, quien les prometió investigar la situación.
Posteriormente acudieron a la Suprema Corte de Justicia para solicitar que se investigue la actuación de los jueces del tribunal colegiado de Jimaní y la interpretación que están dando al nuevo Código Procesal Penal.
Asimismo, pidieron que se establezcan sanciones para el tribunal por las fallas cometidas en el proceso.
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