25 de Febrero del 2008, 1:08 PM.
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La violación repetida por siete hombres durante dos días de una niña de 12 años en el municipio de Mella, Jimaní, tiene aristas mucho más preocupantes que las conocidas inicialmente, ya que mezcla la posible complicidad judicial y policial y la negligencia del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (CONANI).
En un documento entregado este lunes por un grupo de mujeres al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, la Colectiva Mujer y Salud revela que Ernesto Pérez, uno de los implicados en la violación sexual de la menor y el único que fue llevado a la justicia, tiene vínculos familiares con Ana Milka Acosta Collado, jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia.
De acuerdo con la Colectiva, la jueza sometió a la mejor a un intenso interrogatorio, en medio del cual la violada perdió el conocimiento. Solo entonces fue traslada al hospital e ingresada de emergencia debido “a su deplorable estado de salud”. La niña permaneció siete días ingresada en el centro, durante los cuales requirió transfusiones de sangre.
Aún hoy, la menor sufre de insomnio, ansiedad, tristeza, accesos de llanto, serios trastornos emocionales y fluidos vaginales.
La niña pudo identificar como sus violadores a Juan Carlos Cuevas, Ernesto Pérez (Meneo), Juan de la Rosa Urbáez, Manuel E. Marmolejos, Tirson Vásquez Mancebo (Chita o Patricio) y otros tres hombres conocidos por los motes de Guandul, Chinito y el hijo de Villita.
De todos, solo Ernesto Pérez fue apresado, pero el pasado 21 de febrero, justo un año después del crimen, el tribunal colegiado presidido por el juez Juan Francisco Carvajal Cabrera e integrado por Nicio Antonio Medina Figueres y Alejandro Montilla, lo dejó en libertad.
El argumento “jurídico” para esta decisión es poco menos que de antología: el secretario del tribunal “olvidó” comunicarle al imputado la acusación en su contra. Es decir, el tribunal se valió de su propia falta para alegar que “el interés superior del niño solo es válido en caso de que hubiere conflicto entre los padres”, y entre los de la menor no puede haberlo porque ambos están muertos.
A raíz del hecho, Tirson Eludis Vásquez confesó su participación en el crimen contra la menor, pero no hay constancia escrita. Detenido en el cuartel de la Policía de Jimaní, logró “escapar” sin que nadie haya intentado hasta ahora reapresarlo.
Para la Colectiva, la Procuraduría General de la República, la procuradora general adjunta de niños, niñas y adolescentes, la Suprema Corte de Justicia y la Policía Nacional “deben realizar urgentemente una investigación en torno a las actuaciones de los administradores de justicia de Mella y Jimaní por las graves fallas cometidas durante el proceso”.
También exigen a las autoridades del CONANI ofrecer una explicación pública “por su negligencia y ausencia de respuesta”, pese a que fueron informadas de lo ocurrido.
También hubo un crimen
Aunque no detalla las circunstancias, la Colectiva afirma que la madre de la menor fue asesinada de tres disparos y que un vehículo pasó sobre su cuerpo, sin que este hecho tampoco moviera la acción policial y judicial. Su cadáver, agrega la organización, fue enterrado por disposición de las autoridades sanitarias sin que se le practicara una autopsia.
Por otra parte, Patología Forense descartó la violación sexual a la hermanita de ocho años de la menor, pese a que había sido confirmada por los peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos realizados por el Centro de Salud Integral (CESIN), dependiente de la Colectiva.
“Públicamente, ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, exigimos la intervención inmediata de los Poderes del Estado para que no toleren una violación más, para que el único de los siete agresores juzgado no quede en libertad y se evite su fuga, para que sean sometidos a la justicia todos los implicados, para que se reabra el caso, para que se ejecute la busca y captura de los agresores prófugos”, dice el documento de la Colectiva.
Agrega a esta exigencia “la investigación y destitución de los funcionarios públicos y policías involucrados, se otorgue protección a la testigo –que en reiteradas ocasiones ha sido amenazada—, se inicie la investigación del asesinato de la madre de las menores y el proceso penal por la violación de la otra niña”.
La Colectiva advierte que agotará todos los recursos de que dispone en el país, pero que de sus reclamos no ser satisfechos recurrirá a las instancias internacionales de derechos humanos.
En un documento entregado este lunes por un grupo de mujeres al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, la Colectiva Mujer y Salud revela que Ernesto Pérez, uno de los implicados en la violación sexual de la menor y el único que fue llevado a la justicia, tiene vínculos familiares con Ana Milka Acosta Collado, jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia.
De acuerdo con la Colectiva, la jueza sometió a la mejor a un intenso interrogatorio, en medio del cual la violada perdió el conocimiento. Solo entonces fue traslada al hospital e ingresada de emergencia debido “a su deplorable estado de salud”. La niña permaneció siete días ingresada en el centro, durante los cuales requirió transfusiones de sangre.
Aún hoy, la menor sufre de insomnio, ansiedad, tristeza, accesos de llanto, serios trastornos emocionales y fluidos vaginales.
La niña pudo identificar como sus violadores a Juan Carlos Cuevas, Ernesto Pérez (Meneo), Juan de la Rosa Urbáez, Manuel E. Marmolejos, Tirson Vásquez Mancebo (Chita o Patricio) y otros tres hombres conocidos por los motes de Guandul, Chinito y el hijo de Villita.
De todos, solo Ernesto Pérez fue apresado, pero el pasado 21 de febrero, justo un año después del crimen, el tribunal colegiado presidido por el juez Juan Francisco Carvajal Cabrera e integrado por Nicio Antonio Medina Figueres y Alejandro Montilla, lo dejó en libertad.
El argumento “jurídico” para esta decisión es poco menos que de antología: el secretario del tribunal “olvidó” comunicarle al imputado la acusación en su contra. Es decir, el tribunal se valió de su propia falta para alegar que “el interés superior del niño solo es válido en caso de que hubiere conflicto entre los padres”, y entre los de la menor no puede haberlo porque ambos están muertos.
A raíz del hecho, Tirson Eludis Vásquez confesó su participación en el crimen contra la menor, pero no hay constancia escrita. Detenido en el cuartel de la Policía de Jimaní, logró “escapar” sin que nadie haya intentado hasta ahora reapresarlo.
Para la Colectiva, la Procuraduría General de la República, la procuradora general adjunta de niños, niñas y adolescentes, la Suprema Corte de Justicia y la Policía Nacional “deben realizar urgentemente una investigación en torno a las actuaciones de los administradores de justicia de Mella y Jimaní por las graves fallas cometidas durante el proceso”.
También exigen a las autoridades del CONANI ofrecer una explicación pública “por su negligencia y ausencia de respuesta”, pese a que fueron informadas de lo ocurrido.
También hubo un crimen
Aunque no detalla las circunstancias, la Colectiva afirma que la madre de la menor fue asesinada de tres disparos y que un vehículo pasó sobre su cuerpo, sin que este hecho tampoco moviera la acción policial y judicial. Su cadáver, agrega la organización, fue enterrado por disposición de las autoridades sanitarias sin que se le practicara una autopsia.
Por otra parte, Patología Forense descartó la violación sexual a la hermanita de ocho años de la menor, pese a que había sido confirmada por los peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos realizados por el Centro de Salud Integral (CESIN), dependiente de la Colectiva.
“Públicamente, ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, exigimos la intervención inmediata de los Poderes del Estado para que no toleren una violación más, para que el único de los siete agresores juzgado no quede en libertad y se evite su fuga, para que sean sometidos a la justicia todos los implicados, para que se reabra el caso, para que se ejecute la busca y captura de los agresores prófugos”, dice el documento de la Colectiva.
Agrega a esta exigencia “la investigación y destitución de los funcionarios públicos y policías involucrados, se otorgue protección a la testigo –que en reiteradas ocasiones ha sido amenazada—, se inicie la investigación del asesinato de la madre de las menores y el proceso penal por la violación de la otra niña”.
La Colectiva advierte que agotará todos los recursos de que dispone en el país, pero que de sus reclamos no ser satisfechos recurrirá a las instancias internacionales de derechos humanos.
Opiniones de los lectores.
De: Manuel, DominicanaY todavia estan vivos? porque dizque los conocen o por lo menos tienen los nombres de los violadores..... apuesto a que si despues de un año del crimen los familiares se vengan y matan a esos "señores", la policia no tarda una semana en apresarlos y mandarlo de por vida a la carcel.Eso le pasa a una hija mia y yo agradeceria a la policia por no querer apresarlos, asi contrato a siete tigueres mas para que los violen por dos dias a cada uno y le hagan lo mismo que le hicieron a la niña a ver si cojen gusto. Los familiares deberian estar felicer de que esten sueltos, asi ellos podrian ajustar cuenta ya que la policia no hace ná!
De: Claudia, EspañaQue verguenza me da mi país....
De: MELODY, PUERTO RICOESO FUE UN ACTO INHUMANO Y BOCHORNOSO QUE DENIGRA A UN PAIS.DONDE LOS TURISTAS PIENSAN ANTES DE VISITARLO.POR PERSONAS COMO ESAS QUE EN SUS ACTOS SOLO DEMUESTAN SER MAS ANIMALES Y DEGENERADOS QUE SERES HUMANOS. Y LA POLICIA QUE ESTA PARA AYUDAR AL CIUDADANO. SON CORRUCTOS QUE DENIGRAN SU UNIFORME.Y DESPUES NOS ESTAMOS QUEJANDO DE QUE NUESTRO PAIS NO PROSPERA Y CADA DIA ESTA MAS MAL.Y LA GENTE BUENA QUE VIVE EN LOS ALREDEDORES ENTONCES TIENEN QUE PAGAR. POR QU ENTONCES TODOS SON CATALOGADOS COMO MALOS. POR QUE EL MUNDO GENERALIZA. DEBERIAN DE COJER A LOS 7 Y METERLOS PRESOS Y BOTAR LA LLAVE, PONERLOS A TRABAJO FORZADO LAS 24 HORAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario